Los jueces que levantaron la medida cautelar sostuvieron que basaron su resolución en “el mandato constitucional de desarrollo sustentable”. “El Poder Judicial vela por el cuidado del medioambiente y en estas condiciones consideramos que eso estaba perfectamente cumplido”, aseguraron.
Los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez, explicaron hoy los motivos por los que decidieron levantar la medida cautelar que frenaba la exploración petrolera a 300 kilómetros de las costas de la ciudad y, basándose en “el mandato constitucional de desarrollo sustentable”, sostuvieron que no quisieron avalar “ni un fascismo ambiental ni una explotación a como venga”.
La resolución fue dada a conocer esta mañana y en una conferencia de prensa desarrollada cerca del mediodía Tazza anunció: “La Cámara ha tomado la decisión judicial de autorizar la exploración petrolera en base al aporte de nuevos informes brindados por tanto por el Estado como por la empresa encargada de hacer este tipo de tareas”.
En este sentido, los magistrados consideraron que los requisitos que habían impuesto para preservar el medioambiente “estaban cumplidos”.
Se habilitó la exploración del proyecto offshore a 300km de la costa bonaerense.
Está mañana la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata levantó la medida cautelar y autorizó la continuidad de las actividades de exploración sísmica. pic.twitter.com/wynsFPjmB8
— Secretaría de Energía (@Energia_Ar) December 5, 2022
“Es una decisión en principio definitiva”, agregó Tazza, pero reparó que la parte que no esté conforme con el fallo puede “interponer únicamente un recurso extraordinario ante la Corte Suprema”.
“En diez días esta resolución queda firme. Una vez firme pasamos la resolución al juez de primera instancia y no hay más cautelar”, manifestó por su parte Jiménez.
Ambos magistrados coincidieron en remarcar en que “el Poder Judicial no es el encargado de fijar las políticas públicas por parte del Estado”. “Esto es algo que le incumbe al poder político, nuestra tarea es simplemente velar por la legalidad del proceso que tiene este tipo de proyecto y cuidar y preservar el medioambiente, que en definitiva es algo que nos comprende e interesa a todos”, dijo Tazza.
Alejandro Tazza, juez federal.
Por ello, se dispusieron “una serie de resoluciones tendientes a preservar el medioambiente de la mejor manera posible”, las cuales incluyen la presencia de observadores que participen de la exploración y controlen el cuidado del medioambiente, fundamentalmente de la ballena franca y del fitoplancton que se encuentra en esa zona.
“Ante la mínima posibilidad que los cetáceos muriesen o se enfermasen, se suspende el proyecto”, afirmó Jiménez, pero recalcó que la resolución se basó en “el mandato constitucional de desarrollo sustentable”.
“Cualquier modalidad de desarrollo no está prohibida, pero debe ajustarse a que las próximas generaciones puedan tener el mismo grado de desarrollo. Nosotros, por supuesto, no vamos a interferir en cuál es la política de desarrollo del gobierno, eso depende del poder político, pero sí vamos a marcar pautas de resguardo”, subrayó.
Jiménez y Tazza en uno de los despachos de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, ubicada en Diagonal Pueyrredon al 3100.
Agujero Azul
En este marco se mencionó el sector conocido como Agujero Azul del mar argentino, el cual es una de las zonas de biodiversidad más importantes del país, y para el cual los jueces en su resolución impidieron la investigación a menos de 50 kilómetros de ese sector.
Para controlar esto, se incluirá la presencia de “observadores calificados” del proyecto Pampa Azul, que lo conforman miembros del Conicet, Inidep, nueve universidad y seis ministerios que trabajan “para preservación del mar argentino”.
No obstante, Jiménez señaló que, tras ingresar al sitio web de YPF, evaluaron que las prospecciones para la exploración petrolera “se hacen desde hace 90 años”. “Desde hace 90 años se ingresa al mar con estos bombeos sonoros para ver si el lugar es aceptable o no y en 90 años con más de 138 procesos en marcha no hay accidente ecológico que se haya producido”, manifestó el juez.
Eduardo Jiménez, juez federal.
Seguidamente, analizó que con la resolución emitida esta mañana no quisieron “ni avalar un fascismo ambiental, que diga ‘no se hace nada para preservar las especies’, ni una explotación a como venga”. “Nosotros tenemos que buscar un justo equilibrio que no dañe los ecosistemas”, sostuvo.
Por último, se refirió a la explotación petrolera, en caso de que se determine que existe la presencia de ese recurso a unos 300 kilómetros de las costas de la ciudad, y aclaró que ese es un tema que junto a Tazza no abordaron porque por el momento “no se ha planteado”. “No resulta pertinente que adelantemos posición sobre cuestiones que no fueron planteadas”, concluyó Jiménez.